Casi un mes de bloqueos ha dejado a Bolivia negociando sobre la vida cotidiana de su propia gente.
Existen datos suficientes para dimensionar el impacto sobre pequeños productores, exportaciones, pymes, empleo, abastecimiento, cadenas de valor y crecimiento económico. Pero hoy queremos empezar por algo más importante: las personas.
Personas que no pueden acceder oportunamente a atención médica. Hogares con dificultades para abastecerse. Niños sin clases. Productores sin mercado. Trabajadores sin poder llegar a sus fuentes de ingreso.
Ninguna demanda legítima puede sostenerse con métodos que vulneran derechos fundamentales. La salud no puede depender de una negociación. La alimentación no puede quedar condicionada a una medida de presión. La educación de un niño no puede convertirse en ficha de conflicto.
El diálogo es el camino, pero el diálogo exige decisiones, resultados y verificación. Después de casi un mes, las declaraciones ya no son suficientes. Bolivia necesita soluciones inmediatas, concretas y responsables.
Lo que ocurre es inaceptable: ciudades que reciben ayuda humanitaria como si hubieran sufrido una catástrofe natural, cuando en realidad enfrentan una parálisis provocada por decisiones humanas y con consecuencias humanas.
CAINCO no viene a tomar partido en los términos de ninguna negociación. Ese no es nuestro rol. Nuestro deber es afirmar, con la claridad que da más de un siglo acompañando el desarrollo del país, que hay una línea que no debería cruzarse nunca más: convertir los derechos fundamentales de las personas en condición de diálogo.
Bolivia tiene instituciones y tiene una Constitución. El descontento legítimo debe encontrar su cauce dentro del orden democrático, no mediante presiones que afecten a quienes solo quieren trabajar, estudiar, producir, abastecerse y vivir en paz.
Por eso, CAINCO llama a garantizar de manera inmediata los derechos de las personas que no forman parte del conflicto: el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, al trabajo y a la libre transitabilidad.
Los derechos de la gente no son moneda de cambio.
Exhortamos a que los esfuerzos de diálogo se traduzcan en decisiones inmediatas, concretas, responsables y verificables, que restablezcan la normalidad, protejan a la población y permitan que Bolivia vuelva a funcionar.